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Marco legal
Normativa jurídica
La presente página web queda enmarcada dentro de la normativa legal exigida, haciendo especial hincapié en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como en el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.
La aparición de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ha establecido un marco legal más estricto para las empresas que disponen de página web en Internet. Las sanciones por incumplimiento de la LSSI-CE pueden incluso alcanzar los seiscientos mil euros; vemos, por tanto, la importancia de esta normativa y el estricto cumplimiento que con respecto a la misma hay que adoptar.
Esta ley tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de la directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información y, en especial, al comercio electrónico en el mercado interior. La implantación de Internet en la vida cotidiana y, en especial, en el mundo empresarial y económico ofrece muchas ventajas, pero, del mismo modo, la implantación de nuevas tecnologías tropieza con incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado.
La ley prevé la anotación del nombre de dominio de Internet que corresponda al prestador de servicios en el registro público en que, en su caso, dicho prestador conste inscrito para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, con el fin de garantizar que la vinculación entre el prestador, su establecimiento físico y su establecimiento o localización en la Red que proporciona su dirección de Internet, sea fácilmente accesible para los ciudadanos y la Administración pública.
La Ley establece un cúmulo de obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la Red. En este mismo sentido, la Ley destaca por la protección de los intereses de los destinatarios de servicios, de tal manera que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o bien a través de Internet. Así, los prestadores de servicios tienen la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet, la obligación de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta el contrato.
Otro aspecto muy importante de esta Ley es la concreción en cuanto a la celebración de contratos celebrados por vía electrónica, afirmando la validez y eficacia del consentimiento otorgado por vía electrónica, declarando que no es necesaria la admisión expresa de dicho consentimiento para que el contrato surta efectos legales entre las partes, de manera tal que los contratos celebrados por vía electrónica se sitúan al mismo nivel que los documentos en soporte papel. Estas disposiciones sobre aspectos de la contratación electrónica serán de aplicación aun cuando ninguna de las partes tenga la condición o destinatario de servicios de la sociedad de la información.
De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE, se regula la acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar la realización de conductas contrarias a la presente Ley que vulneren los intereses de los consumidores y usuarios. Para el ejercicio de esta acción, deberá tenerse en cuenta, además de lo dispuesto en esta Ley, lo establecido en la Ley general de incorporación de la Directiva 98/27/CE. Asimismo, la Ley contempla una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios electrónicos y, en especial, a la información suministrada por las Administraciones Públicas, compromiso al que se refiere la resolución del Consejo de la Unión Europea de 25 de marzo de 2002, sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de su contenido.
Por otro lado, y por lo que respecta al Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, dicha normativa tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es incluir en el Reglamento de las reformas introducidas en el procedimiento administrativo común. El segundo, adaptar el modelo de registro al actual nivel de desarrollo de las tecnologías de la información.
Entre las novedades que presenta el nuevo Reglamento, que viene a sustituir al 733/1993, destaca la posibilidad de la inscripción en el Registro de páginas web y obras multimedia como tales, como una conjunción de elementos separados, susceptibles cada uno de ellos de ser encubierto dentro de una categoría de las establecidas en los artículos 10, 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (TRLPI) y, por tanto, objeto de registro separado.
En efecto, el Real Decreto 733/1993, en su artículo 7, ordenaba la documentación y los soportes de información inscritos en el Registro en Secciones, cada una de ellas correspondiente como de obra de las descritas en el TRLPI. Así, por ejemplo, una página web que contuviese texto y fotografías, sería inscrita de la siguiente manera:
- El texto sería inscrito como obra literaria (art.. 10.1.a TRLPI) en la Sección I del Registro (art. 7.2.a RD 733/1993).
- Las fotografías, por su parte, serían inscritas como tales (art. 10.1.h TRLPI) en la Sección XI del Registro (art. 7.2.k RD 733/1993), aunque, eso sí, podían presentarse en la solicitud.
- El código fuente, como programa de ordenador (arts. 95 y ss TRLPI).
Una página web suele estar compuesta de elementos preexistentes y de nueva creación. Para el uso de los elementos preexistentes, es necesario pedir autorización a su titular. El problema se plantea respecto a los elementos originales de nueva creación.
La página web es una herramienta altamente dinámica de información y transmisión de contenidos, que explota precisamente la capacidad de incluir en un marco sencillo una gran cantidad de información accesible de diversas maneras.
La pluralidad de contenidos y la rápida capacidad de cambio de la información contenida en la página es precisamente una de las razones del éxito de Internet. Y, sin embargo, la legislación sobre propiedad intelectual se ha visto incapaz hasta ahora de ofrecer un marco legal profesional y serio de los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de la página web.
Las normas de registro del Registro territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dejan claro que en la protección de una página web, el objeto de protección por la legislación de propiedad intelectual son las distintas creaciones originales textuales, sonoras, de imágenes, o de cualquier otra clase, incorporadas a la página web, y que, además, la protección registral únicamente alcanzará, en su caso, a las creaciones cuyo ejemplar ideal haya sido presentado con la solicitud de inscripción en el Registro, y no a las modificaciones que pudieran realizarse con posterioridad, lo que supone que, siendo una página web una herramienta esencialmente dinámica, en la que los contenidos pueden potencialmente cambiar, debería registrarse cada uno de los contenidos cada vez que cambia, con lo que el registro sería completamente imposible.
Así pues, era absolutamente necesario establecer un marco legal aprobado e individualizado de las páginas web, que parece ser que con el nuevo Reglamento ya tienen mención separada como un tipo de obra específico, y van a poder inscribirse como unidad en el Registro de la Propiedad Intelectual.
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